Después de su paso por el Congreso y el Senado, se ha aprobado la Ley de Cambio Climático, cuyo objetivo es abandonar los combustibles fósiles (carbón y petróleo) y lograr que en 2050 la actividad económica en España no contribuya al incremento de CO2 en la atmósfera.
El objetivo de 2050 parece ambicioso, pero los pasos intermedios no lo son tanto: la ley prevé que en 2030 la reducción de gases de efecto invernadero sea del 23% cuando la Unión Europea plantea una disminución del 55%.
En cualquier caso, la aplicación de la ley implicará la inversión de 200.000 millones de euros a lo largo de la década 2021-2030 para conseguir una transformación de la economía que se reflejará en muchos aspectos de la vida.
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Más zonas restringidas al tráfico
Por ejemplo, las ciudades tendrán que transformar sus espacios para fomentar los trayectos a pie, en bicicleta y en transporte público. A partir de 2023, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán que establecer zonas de restricción del tráfico contaminante.
Estas medidas afectarán a 24 millones de españoles que viven en los 148 municipios más poblados.
Por otra parte, las gasolineras y aparcamientos deberán contar con puntos de recarga de los coches eléctricos.
Más espacios verdes
La Ley de Cambio Climático también obliga a que los municipios desarollen infraestructuras verdes y corredores ecológicos que hagan de los entornos urbanos lugares más saludables.
Además, el gobierno tendrá que presentar una “estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático”.
Energías renovables para todos
El artículo 8 aborda el problema energético. Plantea rehabilitar los edificios para conseguir un mayor ahorro en los hogares y aplicar medidas para que las personas en situación de vulnerabilidad no se vean privados de energía por razones económicas.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), diseñado para aplicar las exigencias de la ley, permitirá rehabilitar 1.200.000 viviendas en la próxima década. Para ello se destinarán 6.820 millones de euros procedentes de los fondos europeos.
Además, en el plazo de un año, el gobierno deberá impulsar una Ley de Propiedad Horizontal que deberá "facilitar y flexibilizar" las instalaciones fotovoltaicas en las comunidades de vecinos. Esta ley debería favorecer el autoconsumo de energía solar.
La ley plantea el objetivo de duplicar la producción de las energías renovables en el plazo de diez años. Actualmente es del 20% y en 2030 deberá ser del 42%. En el caso de la energía eléctrica, el 74% deberá ser renovable.
La energía nuclear no será en España una solución a las necesidades energéticas, pues la ley prohíbe las minas de extracción de uranio.
También prohíbe la extracción de hidrocarburos, de modo que las compañías deberán dejar de buscar nuevos yacimientos para la obtención de combustibles fósiles. Esta prohibición incluye la polémica técnica de la fractura hidráulica (fracking) para extraer petróleo.
Educación ambiental en los colegios
Los planes de estudios en todos los niveles (colegios, institutos, formación profesional y universidades) deberán incorporar la educación ambiental para conseguir la implicación de la sociedad en las respuestas frente al cambio climático, reforzando su conocimiento e implicaciones.
Para promover esta concienciación la ley prevé la creación de una Asamblea Ciudadana de Cambio Climático.
Empresas más responsables
La nueva Ley no solo afecta a las instituciones públicas. También exige que las empresas actúen con más responsabilidad ambiental. Para ello deberán presentar públicamente planes de descarbonización y de acción climática, incluyendo sus datos de emisiones de gases con efecto invernadero y los plazos para reducirlas. No obstante, no se prevén sanciones.
La ley contó con el voto afirmativo de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Más País, NC, BNG, Teruel Existe, ERC y Bildu, la abstención del PP y el único voto en contra de VOX.