El Parlamento de la Unión Europea ha apoyado la propuesta de la Comisión a favor de que se eliminen los controles de seguridad específicos sobre los cultivos de alimentos obtenidos mediante las nuevas técnicas de la transgenia (NGT, siglas en inglés para New Genomic Techniques).
Los procedimientos NGT incluyen la tecnología CRISPR, conocida como las “tijeras genéticas”, que intervienen directamente sobre el ADN de las plantas, pero no introducen genes extraños al organismo como hacían las primeras técnicas transgénicas que hicieron saltar todas las alarmas.
Algunos productos NGT, como los plátanos genéticamente modificados en Filipinas que no se vuelven marrones, ya están en los mercados fuera de la Unión Europea.
se quiere eliminar las restricciones sobre la producción transgénica
Los defensores de los procedimientos NGT afirman que son sustancialmente diferentes a los procedimientos transgénicos para los que se desarrolló una legislación específica en 2001, cuyo fin era evitar cualquier consecuencia negativa en las personas o en el medio ambiente.
Esta legislación exigía análisis de riesgos y que en las etiquetas se indicara que se trataba de un producto transgénico, lo que favoreció que en Europa los productores y distribuidores descartaran la comercialización de alimentos transgénicos para los seres humanos. La presión de la opinión pública, situada mayoritariamente contra los transgénicos, fue determinante.
continuaría la obligación de declarar el origen transgénico en la etiqueta
La mayoría en el Parlamento de la UE quiere cambiar la situación, al menos parcialmente. Si la norma es finalmente aprobada, los alimentos genéticamente modificados con el procedimiento CRISPR ya no estarán sujetos a una evaluación de riesgos especial. Sin embargo, el Parlamento no está de acuerdo con la Comisión en suprimir la declaración obligatoria en la etiqueta. El Parlamento reconoce el derecho de los ciudadanos a ser informados del origen transgénico del producto.
Los parlamentarios quieren que, en el futuro, existan dos categorías diferentes y dos conjuntos de normas para las plantas NGT genéticamente modificadas. La clasificación como NGT 1 o NGT 2 se basa en cuántos pares de bases se han modificado en el ADN de la planta. Están previstos los siguientes:
- Las plantas NGT de clase NGT 1 (máximo 20 cambios de ADN) recibirían el mismo tratamiento que las plantas convencionales y, por tanto, estarían exentas de los requisitos que establece la legislación de 2021 para los Organismo Modificados Genéticamente (OMG). Además, se creará una lista pública en internet de todas las plantas NGT-1. El argumento para eliminar controles es que las plantas podrían haber surgido a través de mutaciones aleatorias en condiciones naturales.
- Las plantas de la clase NGT 2 (más de 20 cambios de ADN) tendrían que cumplir requisitos de la legislación existente sobre OGM.
Por otra parte, ninguno de los tipos podrá acogerse a la certificación de producción ecológica.
Los parlamentarios europeos también se pronunciaron en contra de que las nuevas plantas puedan ser patentadas.
¿Qué partidos apoyan la liberalización transgénica?
En el Parlamento, la mayoría de los partidos conservadores y liberales votaron a favor de la propuesta de la Comisión. Los socialdemocratas estuvieron divididos y los verdes votaron en contra.
La Comisión y los parlamentarios que apoyan la propuesta la consideran necesaria para mejorar el suministro de alimentos a la UE pues las mejoras genéticas podrían conseguir que las plantas fueran más resistentes al clima y a las plagas que las plantas naturales.
Los partidos verdes, sin embargo, continúan considerando que las plantas transgénicas son un riesgo para el medioambiente y para la salud de las personas.
Los agricultores ecológicos se quejan de que va a ser muy difícil proteger sus cultivos si las plantas transgénicas crecen a su alrededor. Las semillas transgénicas podrían invadir los sembrados ecológicos y con ello arruinarían la cosecha.
Después de la aprobación del Parlamento, la ley tiene que pasar al Consejo de representantes de los 27 estados miembros, que pueden oponerse o introducir modificaciones. En Europa los proyectos de de ley se someten a varias lecturas por parte del Parlamento y el Consejo y ambos deben votar a favor del texto final para que este sea aprobado.